Toma de Posición
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Toma de Posición – Madrid, octubre de 2022
En defensa de las instituciones y de la libre empresa
El Círculo de Empresarios no puede desentenderse, en el debate público actual, de la defensa de la Constitución y del papel que deben jugar nuestras instituciones en la construcción de una sociedad libre, que nos permita desarrollar con plenitud nuestra vocación como empresarios, fortaleciendo nuestro papel como actores de la sociedad civil, en el marco del Estado de Derecho.
La libertad de los ciudadanos, para desarrollar sus proyectos personales y empresariales, descansa en el Estado de Derecho y en la Separación de Poderes, consagradas en nuestro orden jurídico constitucional. Es deber del Estado, y especialmente del Gobierno, proteger las libertades de los ciudadanos, e incluso, preservarlas de intereses partidistas, velando por la independencia de las instituciones, garantes de la democracia liberal que
hemos elegido, como forma de gobierno, en Occidente y especialmente en la Unión Europea.
Desde hace años el Círculo viene insistiendo en el principio de que la calidad de las instituciones y la seguridad jurídica son elementos esenciales para el desarrollo equilibrado de la economía y de la sociedad. Sobre la solidez de nuestras instituciones se sustenta la arquitectura de nuestro Estado de Derecho. El nivel de desarrollo y bienestar de un país está directamente relacionado con la calidad de sus instituciones.
Esta preocupación la hemos expresado a través de diferentes documentos y publicaciones a lo largo de las últimas décadas. Ahora nos vemos en la necesidad de volver a llamar la atención sobre este asunto ante la constante injerencia que desde el Gobierno de la nación se viene ejerciendo sobre muchas de las instituciones que definen la calidad democrática de nuestro país y en el ejercicio de la libertad empresarial.
Durante esta legislatura vienen siendo habituales los ataques a las principales instituciones del Estado procedentes de determinados miembros del Gobierno de coalición PSOE-Podemos-IU sin que hayan sido desautorizados por su Presidente. España ha caído varios puestos en el índice de calidad democrática desde que gobierna la actual coalición y hasta el prestigioso “The Economist”, en su informe anual, señaló a nuestro país como uno de los que más han retrocedido en libertades, rebajándonos la
consideración de “democracia plena” a “democracia deficiente”, en un ranking de cuatro categorías en el que solo quedan por debajo el “régimen híbrido” y el “régimen autoritario”.
No es necesario retrotraerse mucho en el tiempo para encontrar suficientes ejemplos de la injerencia del Gobierno en nuestras instituciones. La injerencia del Gobierno en el Poder Judicial es evidente. Comenzó con el nombramiento de una Fiscal General que procedía del propio Gobierno (sustituida ahora por una persona de su confianza), y continuó, ante la incapacidad de Gobierno y oposición de alcanzar un acuerdo, con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial para efectuar nombramientos, forzando posteriormente la Ley para permitir solo la renovación de cargos en el Tribunal Constitucional. Actitudes que ponen de manifiesto su resistencia a cumplir las directrices comunitarias en materia de elección de los jueces.
A ello tenemos que añadir la utilización partidista de un ya desprestigiado Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la reciente renovación de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE), por diferencias de criterio con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la sustitución por razones aparentemente ajenas a la seguridad nacional de la responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o las presiones sobre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o sobre el Banco de España, cuyos informes independientes han sido recibidos con declaraciones impetuosas y muy poco afortunadas por parte de algunos miembros del Gobierno sin, tampoco en este caso, desautorización de su Presidente.
Incluso el Defensor de Pueblo se ha llegado a convertir en defensor del Gobierno al anunciar pública y extemporáneamente su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado de Alarma. Y se ha utilizado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para atacar a la oposición, contaminando de forma partidista el preámbulo de una Ley, siendo la primera vez que una cosa así ocurre en democracia.
El propio Presidente del Gobierno y sus portavoces han llegado a cuestionar públicamente la sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE de Andalucía, y, aparentemente, se ha pactado con los independentistas catalanes incumplir las sentencias del Supremo sobre la utilización del castellano.
Por otra parte, el actual Gobierno del PSOE en coalición con Podemos e IU está batiendo todos los récords de opacidad, incumpliendo las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Se ha llegado incluso a faltar a la verdad cuando se aseguró a Bruselas que una de las últimas subidas del salario mínimo se había acordado con los agentes sociales, pese al rechazo que había expresado públicamente la CEOE.
La gobernanza de las empresas tampoco se ha quedado al margen de estas injerencias, irregularidades e incumplimientos, como hemos podido comprobar recientemente con motivo de la renovación del consejo de la compañía cotizada Indra, en la que el Gobierno ha actuado vulnerando todas las normas de buen gobierno que se exigen en el ámbito privado.
No menos grave es la reciente decisión de establecer un impuesto adicional a los beneficios de bancos y compañías energéticas lo que sin duda supone una discriminación de trato ante la ley que distorsionará el funcionamiento de la economía generando gastos adicionales que repercutirán en los clientes y dificultará el acceso al crédito de empresas y particulares. Esto se hace mediante la argucia legal de recurrir a su tramitación como proposición de ley y no como proyecto, evitando así los trámites previos, a costa de la seguridad jurídica y de la calidad normativa.
Lamentablemente, y aunque estas intromisiones no son nada nuevo en nuestra democracia, existe un amplio consenso en la sociedad civil española y en instituciones internacionales especializadas, de que en los últimos años se está produciendo una seria escalada, sobrepasándose todas las líneas rojas exigibles, no sólo desde la legalidad, sino también desde la ética y la estética. Una reciente encuesta realizada por el Círculo de Empresarios pone de manifiesto esta preocupación de los empresarios. Alrededor de un 80% valora muy negativamente, como un serio obstáculo para la competitividad de las
empresas españolas, el deterioro de la seguridad jurídica, la inestabilidad regulatoria y la falta de calidad de las normas.
Todos estos comportamientos están generando una seria pérdida de credibilidad de la propia democracia española con una percepción por parte de los ciudadanos de que nuestras instituciones son cada vez más frágiles y se encuentran en constante deterioro. Se está produciendo una degradación in crescendo del Estado de Derecho que sería urgente reconducir. España proyecta hoy una imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que socava la confianza no sólo nacional sino también internacional.
Desde el Círculo de Empresarios hemos expresado la necesidad de una nueva política que respete los fundamentos de la democracia liberal, recuperando la centralidad para construir una España de progreso desde esa centralidad. Lo que parece muy claro es que los ataques a instituciones esenciales como la Monarquía, el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los Organismos Independientes, los Organismos Autónomos, el cuestionamiento de la Constitución o la reinterpretación de la Historia reciente, poniendo en duda los méritos de la Transición, dividen a la sociedad y merman la confianza en nuestro marco institucional.
Un Gobierno no puede pretender que todas las instituciones del Estado estén a
su servicio. Esta concepción del Gobierno es profundamente antidemocrática y socava los principios de nuestro Estado de Derecho y de la separación de poderes. Actuando así, se convierte a nuestro país en una democracia aparente, en una democracia en la que el Parlamento, el Poder Judicial y las instituciones del Estado están al servicio del Gobierno, o de su Presidente, y no al servicio de los ciudadanos, dando lugar a un régimen
autoritario con apariencia democrática. España necesita un Gobierno que gobierne para todos y no para sus propios intereses.
El Gobierno de la nación tiene el mandato de sus ciudadanos, y por lo tanto la obligación, de respetar las instituciones, de dejar actuar a éstas al servicio de la sociedad en su conjunto, con la independencia que se les debe suponer en una auténtica democracia.
Madrid, 3 de octubre de 2023
