Entre las reformas estructurales inaplazables para promover la competitividad y, como consecuencia, el crecimiento económico, la generación de empleo de calidad y el bienestar social, se encuentra la del mercado de trabajo. No en vano ha sido identificada como imprescindible por las Instituciones Europeas en el marco del Plan de Recuperación para Europa, de modo que debe ser ejecutada antes del final de este año como condición para la recepción de los fondos Next Generation EU.

Los ministros del Gobierno envían señales contradictorias sobre el sentido de esta reforma, en muchos casos divergentes en función del partido político al que pertenezcan, generando elevados niveles de incertidumbre en la opinión pública y, en particular, en el mundo empresarial.

El mercado de trabajo español funciona de manera ineficiente, de lo que dan muestra unos elevados niveles de desempleo, especialmente juvenil, del doble de los países de nuestro entorno y unas altas tasas de temporalidad. Con una regulación que genera una gran dualidad, otorgando una gran protección a quienes cuentan con un contrato indefinido frente a una enorme desprotección a los trabajadores temporales, sobre los que siempre recaen los ajustes de empleo.

Las transformaciones tecnológicas y demográficas supondrán nuevos desafíos y oportunidades, modificando la forma en que se realiza y organiza el trabajo y requiriendo un esfuerzo relevante de recualificación. Para poder mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades es preciso adecuar el marco normativo a las nuevas realidades económicas y laborales. Y ello debe lograrse aplicando medidas que combinen mayores niveles de flexibilidad, lo que permitirá a las empresas ajustar sus recursos en función de la evolución del mercado, una superior movilidad y estabilidad en el empleo que facilite a los trabajadores su permanencia en el mercado de trabajo.

El Círculo de Empresarios propone en este documento apostar por una simplificación de los tipos de contrato, unida a una disminución de las indemnizaciones por despido, con el propósito de acabar con la temporalidad y reducir el desempleo. Mientras se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores, el nuevo esquema de indemnizaciones, que incluye la implantación del modelo de “mochila austríaca”, permite aproximar las indemnizaciones de despido a las vigentes en los países de nuestro entorno con mercados laborales más eficientes y menores tasas de desempleo y temporalidad.

Por otra parte, esa flexibilidad debe complementarse poniendo en valor el papel de la negociación colectiva, pero manteniendo la actual prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial.

Por último, resulta imprescindible acometer un esfuerzo colectivo de formación y mejora de las políticas activas que facilite la recualificación y recolocación de los demandantes de empleo.

La aplicación de una estrategia de este tipo dotaría al mercado de trabajo del dinamismo que precisa para afrontar los actuales y futuros desafíos y aceleraría la creación de empleo más estable y de mayor calidad.